La inauguración del Año Judicial y Constitucional 2022 es un momento trascendental que debe servirnos para evaluar objetivamente la situación de la administración de justicia en nuestro país, cuya transformación es, todavía, una asignatura pendiente.

Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año, sin encontrar una posibilidad de solución. Este modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente; privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

La retardación de justicia muestra sus efectos más lacerantes en el régimen penitenciario. Aproximadamente el 65% de los privados de libertad en los recintos carcelarios del país; es decir, más de 11.000 personas, permanecen en esa condición con detención preventiva.

Tenemos el enorme desafío de reformar la justicia y evitar que caiga definitivamente en el abismo de la desconfianza y condena de la población. Por eso, ratificamos nuestro compromiso de avanzar en el proceso de reforma judicial con la participación de todos los sectores.

El acceso a la justicia es tan importante como el derecho a la salud y educación, ya que protege la libertad, la dignidad, el honor, la propiedad y otros derechos esenciales de la persona, individual, pero también como parte de una sociedad o comunidad.

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